one. El reconocimiento de las resoluciones sobre medidas alternativas a la prisión provisional no estará sujeto a Handle de la doble tipificación cuando se refiera a hechos tipificados como algunos de los delitos que se enumeran en el apartado 1 del artworkículo twenty, siempre que estén castigados en el Estado de emisión con penas o medidas privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos tres años.
three. El ejercicio del derecho de audiencia del imputado a lo largo del procedimiento podrá llevarse a cabo a través de la aplicación de los instrumentos de Derecho internacional o de la Unión Europea que prevean la posibilidad de realizar audiencias mediante teléfono o videoconferencia.
La Orden de Detención Europea es un proceso complejo que requiere una comprensión profunda de la ley. Consultar a un abogado experimentado en Orden de Detención Europea puede marcar la diferencia en la defensa legal y la protección de tus derechos fundamentales.
Estas normas generales ponen de manifiesto la peculiaridad del reconocimiento mutuo derivada de la relación directa entre autoridades judiciales de los diferentes Estados. Una característica cuya puesta en práctica requiere la comunicación inmediata de las distintas decisiones que se adopten en cada caso y las consultas previas en muchos supuestos en tanto que permitirán a las autoridades competentes valorar la conveniencia o no de recurrir a estos instrumentos.
d) Cuando la infracción no sea sancionable con una pena o medida de seguridad privativas de libertad.
El último título, el X, regula el exhorto europeo de obtención de pruebas que incorpora una nueva decisión marco al regular las normas sobre la transmisión y ejecución de aquella resolución que las autoridades españolas pueden enviar o recibir de otro Estado miembro con objeto de recabar objetos, documentos y datos para su uso en un proceso penal. El exhorto europeo de obtención de pruebas podrá referirse también a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea por la comisión de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento, cuando la decisión pueda dar lugar a un proceso ante un órgano jurisdiccional en el orden penal.
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Cuando la orden se emita con el fin de ejecutar una pena privativa de libertad o una orden de detención y el interesado no haya recibido con anterioridad información oficial sobre la existencia de una acción penal contra él, pudiendo solicitar recibir una copia de la sentencia al ser informada del contenido de la orden.
Si, una vez recibida la resolución de libertad vigilada, la autoridad de emisión solicitara información sobre la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista en nuestro Derecho para la infracción que dio lugar a la resolución y que podría imponerse en caso de incumplimiento del condenado de las medidas de libertad vigilada, el Juez Central de lo Penal le informará al respecto.
c) O la prohibición o reglamentación del acercamiento a la have a peek here persona protegida a una distancia menor de la indicada en la medida.
4. El Juez Central de lo Penal informará a la autoridad competente del Estado de emisión de la adopción de cualquiera de las decisiones señaladas en este artículo, así como de su ejecución y de aquellas que se refieran a la extinción de las medidas de libertad vigilada have a peek at this web-site o de las penas sustitutivas.
two. Si por causas ajenas al Regulate de alguno de los Estados de emisión o de ejecución no pudiera verificarse en este plazo, las autoridades judiciales implicadas se pondrán en contacto inmediatamente para fijar una nueva fecha, dentro de un nuevo plazo de diez días desde la fecha inicialmente fijada.
1. Cuando el afectado tenga su domicilio o residencia en España y salvo que el procedimiento extranjero se hubiera declarado secreto o su notificación frustrara la finalidad perseguida, se le notificarán las órdenes o resoluciones judiciales extranjeras cuya ejecución se haya solicitado.
39. Pide a la Comisión que presente, entre otras iniciativas, una evaluación del cumplimiento del principio ne bis in idem; un método de comprobación de la proporcionalidad en la emisión de órdenes de detención europeas basado en todos los factores y circunstancias pertinentes, como la gravedad del delito, si el caso está listo para la celebración del juicio, las repercusiones en los derechos de la persona buscada, las implicaciones económicas y la disponibilidad de medidas alternativas adecuadas y menos intrusivas; un procedimiento de consulta estándar que permita a las autoridades competentes del Estado miembro emisor y de ejecución intercambiar información sobre la ejecución de orden de detención europea, en unique en lo relativo a la proporcionalidad, la posibilidad de celebrar juicio y los conflictos de jurisdicción; y un estudio de las posibles medidas legislativas que se puedan adoptar al amparo del artículo 82, apartado 1, del TFUE;